Nieves Martín necesita que le vayan a limpiar la casa. El polvo le mata. Es asmática y no puede hacer ni la cama «porque en cuanto levanto las sábanas me quedo que no puedo respirar». Ahora tiene 87 años, pero lleva veinte años recibiendo el servicio de ayuda a domicilio. Y teme que, a partir ahora, se quede sin él.
Todas las valoraciones técnicas y médicas juegan en su favor. Necesita tener la casa sin polvo y bien aireada. Por eso, las ventanas de su piso en Escaleritas están siempre bien abiertas. Sus dos hijos la ayudan, le prestan compañía, le hacen la comida y le dan la medicación, pero ambos trabajan mañana y tarde, con lo que ella necesita alguien que le limpie la casa.
De eso se encarga María, la trabajadora que le manda el Ayuntamiento. Son cuatro horas a la semana: dos los martes y dos los viernes. Y con eso, Nieves puede vivir con cierta tranquilidad.
Así lleva tres lustros. «Desde Banahore», recuerda esta mujer. Banahore era la empresa a la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio en 1997.
Aquella situación era muy parecida a la actual. Estaba el Partido Popular al frente del Ayuntamiento y el dinero no llegaba. De hecho, el contrato se firmó con Banahore el 10 de julio de 1997 por un importe de 85 millones de pesetas -unos 510.860 euros a día de hoy-, pero debido al incremento de la demanda durante 1998 se tuvo que tramitar una ampliación del contrato por 45 millones de pesetas anuales -270.455 euros.
La diferencia con la situación actual es que el Ayuntamiento no está dispuesto a salirse del contrato. Hoy el servicio tiene contratados 4,2 millones de euros -de los que ha gastado 3,64 millones en lo que va de año-, si bien en el presupuesto cuenta con 7,5 millones de euros. Sin embargo, el grupo de gobierno no quiere gastar más de 4,2 millones, de tal modo que sólo va a utilizar 558.179 euros de aquí a que acabe el año, una cantidad que sólo da para un mes, en caso de mantener el nivel actual de prestaciones.
El PP se escuda en que legalmente no puede gastar más de lo establecido en el contrato y que, de acuerdo con la ley de contratos del sector público y con el plan de estabilidad presupuestaria ni siquiera se podría cambiar el contrato, ampliándolo hasta los 7,5 millones de euros, que era lo que pretendía hacer el Partido Socialista.
Sin embargo, el contrato siempre ha estado por debajo del nivel real de gastos: en 2008 se emplearon 5,3 millones de euros; en 2009, 5,92 millones; y en 2010, seis millones de euros, pese a que en todos y cada uno de estos años el presupuesto fue siempre de 4,2 millones de euros.
Es decir, las fórmulas que valieron en estos últimos años ahora dejan de tener validez y se convierten en ilegalidades, pese a que en su momento fueron respaldadas -con críticas por el procedimiento- por todos los grupos en el Ayuntamiento.
«Lo que late en esta decisión es un cambio en la concepción de los servicios sociales», explica la concejala Isabel Mena, «no se asume la ayuda a domicilio como un derecho adquirido de los usuarios, sino como un acto de caridad del político».
En el PP, en cambio, se asegura que las personas que lo necesitan realmente no van a sufrir los recortes, si bien su concejala de Asuntos Sociales, Rosa Viera, calcula que en torno a mil usuarios podrían ver suspendida la ayuda para poder mantener la de otros 900 que son los que requieren de aseo.
Pero es más, el Ayuntamiento no prevé incrementar el contrato más de un 2% para los próximos cuatro años, con lo que el servicio de ayuda a domicilio se quedará en unos 4,5 millones de euros, lo que parece a todas luces insuficientes vista la experiencia anterior y, sobre todo, previendo un aumento de las peticiones como consecuencia del envejecimiento de la población y de la propia crisis económica, que presumiblemente detraerá a familias que hasta ahora estaban en el sector privado hacia la asistencia pública.
Ante este panorama, el recorte y la lista de espera se aparecen como amenazas en el futuro próximo. De hecho, desde el pasado 25 de julio se ha iniciado «la priorización de los servicios de aseos sobre la limpieza, preparación de alimentos y auxilio».
«Es un abuso lo que van a hacer», asegura Nieves, «si hay tres millones que sobran, ¿por qué no lo usan en los ancianos?».
Fuente: Canarias 7
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